Cuando los cinco países del Caribe con programas de ciudadanía por inversión firmaron un memorando de acuerdo el año pasado, comprendimos que se avecinaban muchos cambios. Algunos de ellos se implementaron apenas dos meses después de la firma, pero otros requieren tiempo. Para comenzar, deben tomarse decisiones conjuntas, y, además, cada ley debe pasar por el parlamento en la jurisdicción correspondiente. Aunque aún no hay confirmaciones oficiales, los requisitos de estadía mínima, nuevas condiciones para la renovación de pasaportes y controles más estrictos podrían estar a la vuelta de la esquina. La semana pasada publicamos un artículo sobre Italia y cómo está modificando su programa de naturalización para extranjeros. Algo similar está ocurriendo en el Caribe, a medida que surgen preocupaciones relacionadas con los vínculos culturales. Al analizar ambas situaciones, se percibe una tendencia clara. Esto se hace evidente a través de varias enmiendas propuestas para los programas. Excepto por Antigua y Barbuda, que ya estipula una estadía mínima de cinco días dentro de los primeros cinco años, los demás países no tienen ningún requisito al respecto. Para evitar una desconexión total de los solicitantes una vez que obtienen la nacionalidad, se está hablando de establecer una estadía obligatoria de 30 días. Parece que unas vacaciones en San Cristóbal podrían estar en camino. La opinión de los expertos está dividida. Algunos consideran que una estadía de 14 días también cumpliría con el objetivo, mientras que otros opinan que esto podría resultar directamente desalentador. Desde la perspectiva de Mundo, los requisitos de estadía mínima no exigen un esfuerzo tan grande, y siempre existe la opción de optar por la residencia en lugar de la ciudadanía. Después de todo, ¿quién no ha soñado con tomarse unas vacaciones en el Caribe? Hay mucho por descubrir en Santa Lucía, como los famosos picos gemelos Pitons, o en Granada, con su extenso Parque Nacional. Además, unas vacaciones en San Cristóbal lo llevarán a conocer una de las fortalezas coloniales más emblemáticas de la zona. De todos modos, esto no se agota en viajes al Caribe. Si valoramos lo que representa una segunda nacionalidad, un mes no marca una gran diferencia. Por el contrario, contribuye a mantener la reputación de los países en concordancia con los estándares internacionales más altos. Además de la estadía mínima obligatoria, existe una firme determinación de crear un órgano regulador común. Entre otras funciones, este se encargará de supervisar el desempeño de cada país e imponer sanciones cuando no se cumplan las normas. El primer paso será firmar un documento que exprese la intención de participar. Luego, cada parlamento deberá llevar a cabo sus propios procesos para que las leyes sean debidamente aprobadas. La primera vez que escuchamos sobre esto fue con relación a Santa Lucía, y ahora parece ser un interés generalizado en toda la región. La idea de establecer un cupo anual de solicitudes está muy presente en las conversaciones que se están teniendo. 

Si bien la ciudadanía por inversión (CPI) sigue siendo una de las mejores vías para obtener una segunda nacionalidad, los gobiernos están en constante búsqueda para mejorar los programas. Al aplicar ajustes, muchos países se aseguran un lugar entre los jugadores de mejor reputación. Claramente, el objetivo principal de estos programas es recaudar fondos mediante inversión extranjera; sin embargo, la reputación y la transparencia siempre han sido prioridades. Al considerar todos estos factores, tal vez ha llegado el momento de implementar algunos cambios, como acortar los períodos de renovación de pasaporte o crear programas especialmente orientados a la conexión cultural. ¿Alguna vez se ha preguntado por la renovación de pasaporte? Esta probablemente sea una de las principales preguntas durante las consultas. Ahora, la fecha de renovación de pasaporte podría cambiar. La CPI ofrece una flexibilidad sin precedentes en lo que respecta a la migración, especialmente en comparación con métodos tradicionales basados en el jus sanguinis. Por otro lado, esa flexibilidad puede percibirse como perjudicial para la consolidación cultural de los países. Realizar una inversión y apenas pisar el país puede considerarse como una falta de compromiso, lo que podría llevar a la implementación de requisitos más estrictos. Hasta donde sabemos, esta información aún no ha sido confirmada, pero es razonable pensar que podría confirmarse en cualquier momento. De todas maneras, no está de más analizar los posibles cambios y estar preparado con antelación. Una de las posibles enmiendas sería aplicar una renovación obligatoria del pasaporte luego de cinco años. Inicialmente, los documentos de viaje se emitirían por cinco años, tras los cuales podrían renovarse por un período adicional de diez. Para la renovación de pasaporte, los ciudadanos deberán demostrar que han cumplido con las regulaciones del programa también después de haber sido aprobados. ¿Cuándo vence un pasaporte en el Caribe Oriental? En países como Dominica, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves, actualmente los documentos de viaje se emiten con una validez de diez años desde el inicio. Sin duda, este será uno de los principales cambios si se confirma el requisito mencionado anteriormente. Al establecer una renovación obligatoria del pasaporte, las jurisdicciones garantizarán un incentivo para que los ciudadanos den seguimiento a los requisitos. Si algo queda claro, es la intención de realizar un control cercano y fomentar la conexión cultural. Al otro lado del Atlántico, otros países están tomando un rumbo similar, aunque sus programas sean completamente opuestos. Italia es popular por ofrecer ciudadanía por descendencia, como lo demuestra el gran número de solicitantes provenientes de América Latina y Estados Unidos en las décadas recientes. Expresando preocupaciones similares a las del Caribe, Italia busca garantizar la conexión cultural, razón por la cual ha modificado recientemente las condiciones de su solicitud. Sin duda, esto demuestra una tendencia inevitable, y nada parece indicar que otros programas no seguirán el mismo camino. 

Al planificar la movilidad global, muchos inversionistas reconsideran sus prioridades. Un estatus formal de ciudadanía puede parecer atractivo, pero la realidad a menudo revela que el verdadero valor de la inversión internacional se define por la estructura, el acceso y la adaptabilidad. En este contexto, la diferencia entre residente y ciudadano deja de ser un debate teórico para convertirse en un asunto de practicidad. Los programas para inversionistas, como el de Panamá, demuestran los beneficios de un permiso de residencia bien diseñado: la diferencia de inversiones, de condiciones y de perspectivas. Panamá ofrece un ejemplo destacado de un sistema favorable para el inversionista. Su Visa de Inversionista Calificado, una forma de permiso de residencia por inversión, le permite elegir proyectos que se adapten a sus objetivos siempre que cumpla con dos condiciones clave: el prepago total y el cumplimiento del umbral mínimo de inversión. Si se cumplen estos requisitos, usted puede elegir cualquier proyecto, lo que le otorga plena libertad para seleccionar las alternativas más adecuadas. Si comparamos la diferencia entre ciudadanía y residencia, esta flexibilidad contrasta con el funcionamiento de los programas de ciudadanía por inversión, particularmente en el Caribe. En esas jurisdicciones, los proyectos que califican deben contar con la aprobación previa del gobierno. Como resultado, usted solo puede seleccionar entre una lista fija de desarrollos autorizados, generalmente ligados al turismo o a grandes cadenas hoteleras. Quienes analizan la diferencia entre residente y ciudadano para elegir un programa, deberán considerar que, con una de las opciones, el abanico de bienes raíces se ve reducido. La diferencia no es solo legal: es práctica. Un permiso de residencia por inversión en Panamá abre espacio para la creatividad y el control, mientras que los programas de ciudadanía limitan esta elección desde el principio. Muchos modelos de residencia o ciudadanía están fundamentados en legislación formal. Esto ofrece un nivel de consistencia que resulta tranquilizador para los inversionistas. Mientras que los marcos de ciudadanía por inversión pueden cambiar según los movimientos globales, los programas de residencia por inversión suelen mantenerse estables a lo largo del tiempo. La confiabilidad del camino para inversionistas en Panamá ilustra bien este punto. Los términos son consistentes, el procedimiento es transparente y el entorno fomenta la planificación a largo plazo. Para quienes se plantean la diferencia entre ciudadanía y residencia, la estabilidad se convierte en un factor decisivo. Además de considerar la diferencia de inversiones, es necesario pensar en la presencia física. Con una residencia, no suele esperarse que los participantes se trasladen de forma permanente. En Panamá, por ejemplo, no existen requisitos estrictos de permanencia, ya que usted puede mantener su estatus sin una presencia física prolongada. Esto permite flexibilidad sin perder validez legal. En el Caribe, el único país con un requisito mínimo de estadía (5 días) es Antigua, aunque esto podría cambiar pronto.

El asunto de la protección de activos puede ser tanto desafiante como confuso, especialmente si no cuenta con la orientación adecuada. Hoy profundizamos en lo que hace a los tres errores que usted puede cometer al establecer un fideicomiso, y que eventualmente pueden ponerlo en riesgo. ¿Cuáles son las desventajas de un fideicomiso? Podemos nombrar varias, pero las principales se presentan si la estructura no está debidamente diseñada. Cuando hablamos de administración de fideicomisos, el objetivo principal es proteger las propiedades, objetos de valor, empresas e inversiones de la familia (en pocas palabras, toda la riqueza familiar) de acreedores o personas con intenciones deshonestas. Sin embargo, no podemos pasar por alto que este nivel de protección solo entra en vigor si el fideicomiso es, en efecto, sólido, y para ello hay varios aspectos a considerar. Hoy le presentamos los tres errores principales que pueden debilitar un fideicomiso y dejar los activos desprotegidos. El fideicomiso protege los activos porque es un acuerdo que separa la propiedad legal del fideicomitente. Si una persona renuncia al derecho de uso y de beneficio de esos activos, entonces estos no pueden ser embargados ni confiscados. El más perfecto ejemplo de fidecomiso es aquel que separa la propiedad legal, logrando que los bienes que pertenecen a una determinada persona se pongan a disposición del beneficio de otros. Estos, generalmente, son familiares o seres queridos del propietario original. En esencia, de esto se trata la administración de fideicomisos, y esto es lo que se debe respetar si se desea una protección real. Antes de continuar con el tema, queremos señalar la importancia de elegir la jurisdicción adecuada. En la isla de Nieves, por ejemplo, la legislación sobre fideicomisos es firme como una roca, ya que no reconoce fallos judiciales extranjeros. Para ilustrarlo de forma simple, digamos que para impugnar un fideicomiso en Nevis, usted debe iniciar un proceso legal dentro de la misma jurisdicción. Basta con imaginar los inconvenientes y costos de hacerlo desde el extranjero, y se comprende de inmediato cómo esto puede desalentar acusaciones injustas o reclamos malintencionados. Dicho esto, ninguna jurisdicción del mundo será lo suficientemente segura si usted no tiene en cuenta los aspectos básicos. Antes de describir los tres errores al establecer un fideicomiso, debemos entender qué puede debilitarlo y dejarlo expuesto ante litigios. Esto nos remite a los primeros párrafos y al propósito del acuerdo fiduciario: perder el control de los activos en beneficio de un tercero. Si alguien logra probar que el fideicomiso fue creado con otro fin, puede ser anulado. Nombrarse a usted mismo como fideicomisario es un ejemplo de una mala administración de fideicomisos. El fideicomisario tiene el poder de decidir sobre los activos, y si el fideicomisario es también el fideicomitente, significa que aún conserva el control. Como resultado, la estructura puede ser vista como falsa.

La ciudadanía por inversión es solo uno de los caminos hacia una segunda nacionalidad. A través del jure sanguinis, Italia, España y otros países abren la posibilidad de naturalización si los solicitantes pueden demostrar que son descendientes de un ciudadano. Esta es la base de cómo sacar la ciudadanía italiana y el por qué de la gran base de solicitudes. Ya hemos abordado este procedimiento en ocasiones anteriores, señalando que la ciudadanía por inversión ofrece un acceso mucho más directo. Estos programas crean un vínculo inmediato con el país mediante una inversión, sin la necesidad de demostrar parentesco con un antepasado lejano que tal vez ni siquiera haya conservado su partida de nacimiento ni los documentos necesarios. No obstante, tanto la nacionalidad italiana por apellido o descendencia como los programas caribeños, están endureciendo sus requisitos debido a un creciente interés de proteger la cultura y la idiosincrasia local. En esencia, la naturalización puede obtenerse por jure sanguinis o jure soli, es decir, “derecho de sangre” o “derecho de suelo”. Tal vez el segundo sea el más fácil de entender, ya que se basa en el lugar de nacimiento. Si usted nace en un país, incluso de forma circunstancial, tiene derecho a obtener la ciudadanía. Esta situación es bastante común en hijos de padres que viajan con frecuencia. El segundo enfoque consiste en probar que usted tiene vínculo sanguíneo con una persona originaria de ese país. A través del jure sanguinis, Italia y otros países han recibido un gran flujo de inmigrantes, especialmente desde Argentina, Estados Unidos y Brasil. Estas personas reclaman la nacionalidad italiana por apellido, o por tener bisabuelos o tatarabuelos italianos. Así, muchas personas están encontrando cómo obtener la ciudadanía italiana por descendencia sin tener ningún vínculo real con el país, más allá de algún antepasado distante. Muchas de ellas nunca conocieron a esa persona, no hablan el idioma y jamás han pisado la Bota. Además, el volumen de solicitudes ha causado un colapso administrativo que los órganos del Estado apenas pueden gestionar. Ante este escenario, el gobierno está implementando cambios clave en la legislación migratoria. Para comenzar, el familiar del solicitante debe haber tenido únicamente ciudadanía italiana y ninguna otra. Además, debe haber residido en Italia por al menos dos años consecutivos antes del nacimiento del solicitante. Estos requisitos se están aplicando en las solicitudes presentadas a partir de marzo de 2025. Con esta normativa, la ciudadanía italiana se vuelve más difícil o directamente imposible para muchos descendientes de italianos en el mundo. El ya tedioso proceso de hurgar en el árbol genealógico y buscar actas de nacimiento antiguas ahora es aún más complejo y, en muchos casos, será directamente inútil. Esta nueva ley niega el derecho a la ciudadanía por descendencia a quienes tienen un vínculo meramente genealógico, sin una conexión real ni cultural con el país. Todo esto no hace más que poner en evidencia las ventajas de la ciudadanía por inversión. Muchos han manifestado opiniones negativas sobre estos programas, alegando que no existe un vínculo real.

Antes de que cualquier empresa ingrese al ámbito de los negocios internacionales, debe nacer dentro de un sistema legal, estructurado y conforme a la normativa. Este nacimiento comienza con dos componentes fundamentales: el agente de registro y el registro de personas jurídicas a nivel nacional. El diálogo entre ambos determina si una empresa existe legalmente, cómo funciona y cómo se mantiene en cumplimiento a lo largo del tiempo. Si bien ambos conceptos tienen nombres similares, no son lo mismo. Cada jurisdicción opera su propio registro de personas jurídicas, que funciona como la base de datos oficial con respecto a las entidades legales. Este registro contiene información esencial como el nombre de la empresa, la fecha de constitución, su forma jurídica y la jurisdicción en la que opera. Además, recibe, revisa y almacena los documentos presentados para la incorporación y renovación. Sin dicho registro, una estructura empresarial simplemente no existe ante los ojos de la ley. Por otra parte, el agente de registro actúa como un intermediario reconocido legalmente. En casi todas las jurisdicciones donde Mundo opera, no se permite la presentación directa por parte del cliente. Solo un agente autorizado o una firma profesional puede presentar los documentos, garantizar el cumplimiento normativo y comunicarse con el registro de personas jurídicas en nombre de la empresa. Esta estructura asegura que el proceso sea seguro, estandarizado y rastreable. A pesar de la creencia común, el agente de registro no solo se encarga de proporcionar una dirección física. Tiene la responsabilidad legal de recibir correspondencia oficial, mantener la buena reputación de la empresa, renovar los registros y presentar informes cuando sea necesario. En esencia, conecta a la empresa con el sistema legal de manera continua y confiable. Este sabrá cómo y dónde se registra una empresa, y cuáles son los pasos para mantenerla en cumplimiento durante su existencia. Un agente profesional no solo reenvía documentos, también los verifica, le guía a través de las leyes locales, realiza debida diligencia (incluido el proceso KYC) y le ayuda a evitar inconvenientes en el cumplimiento. Mundo colabora con agentes de confianza en cada jurisdicción, asegurando que cada constitución, desde una LLC en Nevis hasta una Fundación en Panamá, comience y continúe con una base legal sólida. ¿Dónde se debe registrar una empresa? La diferencia entre el registro y el agente es funcional, pero ambos dependen el uno del otro. El agente prepara y presenta, mientras que el registro acepta y formaliza. Sin un agente de registro, el acceso al registro nacional es imposible. Estos son los que saben donde se inscribe una empresa, qué reportes se deben presentar anualmente, si se deben mantener registros financieros en el país o en el exterior, y cuándo se necesita renovación. En resumen, todo este proceso refleja cómo los sistemas legales en distintas jurisdicciones mantienen la estructura, la transparencia y la responsabilidad. En Mundo, proporcionamos soluciones corporativas completamente estructuradas.

Cuando escuchamos la palabra “impuesto”, a menudo nos vienen a la mente cifras en informes y formularios gubernamentales. Sin embargo, detrás de esos números se encuentra un largo y complejo recorrido, en el cual el origen de los impuestos y su posterior desarrollo han servido como puente entre la autoridad y la sociedad. Esta interacción tomó forma por primera vez en las sociedades más antiguas, donde la gestión de los recursos se volvió central para el gobierno. Desde entonces, la historia de los impuestos ha reflejado el interés en buscar estructura y rendición de cuentas, moldeando la relación entre los gobernantes y el pueblo. El origen de los impuestos nos remonta al mundo antiguo, mucho antes de que circularan monedas y divisas. En la Mesopotamia, Egipto y en Sumeria, las personas pagaban impuestos en especies, ofreciendo granos, animales o mano de obra. Estos antecedentes históricos de los impuestos sostenían a los ejércitos, los templos y los gobernantes, y surgieron junto con los primeros estados organizados. El acto de tributar se percibía como necesario para controlar y distribuir los recursos colectivos. Estas exigencias a menudo provocaban resistencia, lo que impulsó la creación de normas legales. El Código de Hammurabi, por ejemplo, incluía reglas sobre contribuciones y sanciones para quienes las evadieran. Esto demuestra cómo la historia de los impuestos está estrechamente ligada al desarrollo del derecho mismo. Los impuestos se convirtieron en uno de los primeros motivos de tensión entre el gobierno y la población, revelando la creciente preocupación de la sociedad por la equidad y el equilibrio. Al hablar del origen de los impuestos en occidente, no podemos pasar por alto a Grecia y a Roma. Los romanos gestionaban gravámenes directos e indirectos, como impuestos sobre la tierra y derechos aduaneros. Estos mecanismos financiaban desde campañas militares hasta carreteras, acueductos y eventos públicos. Una característica distintiva del sistema romano era el uso de agentes privados, conocidos como “publicani”. Estos individuos recaudaban impuestos en las provincias tras pagar por adelantado una suma fija al Estado. A cambio, se quedaban con una parte de lo recaudado. Este método, aunque imperfecto y propenso a abusos, marcó un esfuerzo temprano por racionalizar las operaciones fiscales en territorios extensos. Al analizar el origen de los impuestos, resalta el intento de equilibrar la eficiencia con la supervisión de las finanzas públicas. A diferencia del impuesto obligatorio de Roma, el enfoque de la antigua Grecia reflejaba la diversidad de las ciudades-estado y sus enfoques financieros. En Atenas, por ejemplo, la mayoría de los ciudadanos estaban exentos de impuestos regulares, pero contribuían mediante donaciones voluntarias llamadas “liturgias”, que financiaban el teatro, los festivales o los equipos navales.

Si está en busca de una jurisdicción segura y bien regulada para sus negocios internacionales, la isla de Guernsey representa una opción sólida y convincente. Con un marco legal independiente y una reputación construida a lo largo de décadas de políticas consistentes, esta isla ha ganado la confianza de profesionales de todo el mundo. En este artículo, exploraremos Guernsey, a qué país pertenece y por qué establecer una empresa podría ser el paso correcto para el crecimiento internacional de su negocio. Si hablamos de Guernsey, ¿a qué país pertenece? Es una dependencia de la Corona Británica, sin embargo, no pertenece al Reino Unido. A pesar de esto, la isla de Guernsey mantiene una estabilidad y previsibilidad legal destacables. Esto la convierte en una jurisdicción especialmente atractiva para empresarios e inversores que priorizan la claridad y la independencia en la regulación empresarial. Es una jurisdicción autónoma, con un sistema legal basado en el derecho inglés, perfeccionado durante siglos para responder a sus propias necesidades. Con sólidas prácticas regulatorias y un firme compromiso con la transparencia, Guernsey es reconocida mundialmente como una jurisdicción que valora la integridad. Ofrece un entorno donde las empresas pueden operar con seguridad y desarrollar estrategias a largo plazo en un marco comercial bien organizado. Establecer una empresa en la isla de Guernsey es un proceso ágil y eficiente gracias a la experiencia de profesionales que ofrecen un acompañamiento integral desde el principio. Estos proveedores le asisten en la estructuración administrativa y continúan brindando orientación a medida que su empresa evoluciona. Como los servicios se diseñan en función de los objetivos específicos de cada cliente y se alinean con estándares internacionales, usted puede constituir su empresa con confianza y claridad, sabiendo que el proceso será tanto estratégico como fluido. Bajo el marco legal de Guernsey, los proveedores de servicios ofrecen apoyo jurídico estructurado que acompaña a su empresa en todas las etapas de desarrollo. Esta guía continua garantiza que los procedimientos sean transparentes y que las expectativas queden claramente definidas desde el inicio. Esta coherencia y claridad resultan especialmente valiosas en entornos transfronterizos, donde navegar múltiples sistemas legales requiere un enfoque cooperativo y confiable. Ubicada entre el Canal de la Mancha, cerca de la costa de Normandía, Guernsey ofrece un acceso conveniente a los principales mercados europeos. Su entorno político es conocido por su estabilidad duradera y un panorama legal consistente, lo que crea condiciones favorables para la planificación empresarial a largo plazo. Si está considerando ingresar al mercado de la UE, quizás Guernsey no sea para usted, en ese caso recomendamos registrar una empresa en Malta. La reputación sólida de Guernsey se ha construido a partir de su desempeño constante.

En nuestra búsqueda constante de los mejores servicios para asistir a viajeros perpetuos e inversionistas internacionales, nos hemos contactado con reconocidos gestores de activos y proveedores de servicios de family office con experiencia. Si bien aprendemos mucho a través de estas interacciones, para nosotros lo más importante es ofrecerles estos servicios a nuestros lectores. Este artículo trata sobre inversión, más específicamente, sobre qué es una cuenta ómnibus y qué desventajas puede representar. Como siempre decimos en Mundo: dejar sus asuntos en manos de expertos no significa que no deba estar lo más informado posible sobre los mismos. Esto implica comprender cómo funcionan y de qué manera pueden beneficiar o perjudicar a un portafolio. En cuanto a una cuenta ómnibus, finanzas, gestión de capital y buenas prácticas, es conveniente conocer cada aspecto del rompecabezas. La palabra “ómnibus” se refiere a algo que se hace o se gestiona de forma conjunta. En algunos países, el término incluso se utiliza para describir conceptos ajenos al mundo financiero, como, por ejemplo, los transportes públicos. Una vez explicado el concepto, no resulta difícil aventurar qué es una cuenta ómnibus o una inversión de esta índole. Este enfoque se basa en agrupar activos de distintos participantes y gestionarlos bajo un solo nombre. Por lo general, quedan legalmente a nombre de la casa de corretaje o el corredor. En cuanto a las ventajas, una cuenta ómnibus presenta varias. Una de ellas es la confidencialidad que implica tener los activos a nombre de otra entidad; otra, es la simplicidad. En este sentido, una cuenta ómnibus resulta mucho más sencilla y menos costosa de administrar. Los corredores pueden agilizar procesos operando colectivamente en lugar de hacerlo de manera individual. En algunos casos, esto incluso puede traducirse en comisiones más bajas. Aun así, antes de optar por una inversión así, debemos entender qué es una cuenta ómnibus y cuáles son sus posibles riesgos. Una vez que hemos comprendido qué es una cuenta ómnibus y cómo funciona, estamos a un paso de reconocer sus señales de advertencia. Lo que se gana en flexibilidad, se pierde en otros aspectos, como la seguridad. Una inversión grupal implica todo: lo bueno y lo malo, las fortalezas y las debilidades, los beneficios y también las responsabilidades. Su inversión estará vinculada otras personas y quedará registrada a nombre de la firma intermediaria. Si ésta quiebra, su capital puede verse comprometido. Este nivel de riesgo no se presenta cuando un corredor maneja los activos directamente a nombre del cliente. Otra posible amenaza es el mal uso de la cuenta ómnibus. Lamentablemente, muchas compañías de inversión abren una cuenta ómnibus y luego usan los activos como garantía, lo cual representa una maniobra de alto riesgo. El concepto de family office existe desde los tiempos de Rockefeller.

Como están las cosas hoy por hoy, no podemos olvidarnos de la sustentabilidad. Al momento de adquirir una propiedad, no solemos pensar en casas sustentables, más bien en el retorno de inversión, la ubicación, la comodidad y los gustos personales. Sin embargo, apostar a la arquitectura sustentable, edificios con eficiencia energética y proyectos ecológicos es beneficioso en muchos aspectos. Una certificación EDGE, ¿qué es? Se trata de un reconocimiento que valida la sustentabilidad de una estructura dada. Un edificio con certificación EDGE debe demostrar una mayor eficiencia energética, así como un uso inteligente de los recursos. Su nombre proviene de las siglas en inglés “Excellence In Design For Greater Efficiencies” (Excelencia en Diseño para una Mayor Eficiencia), y está en función de validar edificios y casas sustentables que traen ventajas tanto a corto como a largo plazo. Para obtener uno de estos reconocimientos, el desarrollador debe registrarse, y un auditor certificado visitará las instalaciones. Si usted se pregunta cuáles son los parámetros exactos que se tienen en cuenta para incluir un edificio en la iniciativa Excellence in Design for Greater Efficiencies, es útil saber que debe cumplir ciertas condiciones. En esencia, debe demostrar un uso reducido de energía en comparación con otros edificios de la zona, y esta reducción debe ser de al menos un 20%. La certificación EDGE es una de las iniciativas impulsadas por el GBCI (Green Business Certification Inc.). Con casi 20 años de operaciones, esta entidad independiente verifica parámetros de sustentabilidad aceptados a nivel mundial. Así, fomenta la innovación y los edificios sustentables en diferentes ciudades. Además de la mencionada certificación, GBCI supervisa otras iniciativas. Mientras que LEED promueve la construcción verde de manera integral, otras se centran en el paisajismo sostenible, incluso sin necesidad de edificaciones. Otra certificación va más allá de la construcción y considera también el bienestar, la salud y la calidad de vida de las personas. Finalmente, Parksmart se enfoca en parques con eficiencia energética, mejor iluminación y ventilación. Vale la pena destacar que una inversión de estas características no se limita únicamente a casas sustentables. Invertir en tierras de teca, por ejemplo, contribuye a la reforestación de los bosques en Panamá y, al mismo tiempo, abre una vía hacia la residencia permanente. La certificación EDGE está disponible en la mayoría de los países, y varios complejos inmobiliarios alrededor del mundo ya la han obtenido. Puede encontrarlos en muchas ciudades de la India y México, así como en São Paulo, Nairobi, Johannesburgo, Lima, Estambul, Quito y Shanghái. Al reducir las emisiones de carbono y gastar menos energía y agua, los edificios y las casas sustentables representan también menos gastos para el inversionista o residente.