La ley del 2018 sobre la sustancia económica en Las Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés), aplicable a compañías y sociedades limitadas, surgió bajo el nombre de Ley de Sustancia de BVI y entró en vigor el 1 de enero de 2019. Dicha ley se complementa con el Código de Sustancia Económica de BVI, el cual se encuentra actualmente en fase de anteproyecto. Este marco legal aplica a las siguientes “entidades legales”:

1. Compañías locales y extranjeras constituidas/registradas bajo la Ley de Compañías de Negocios de BVI de 2004 (enmendada), excluyendo aquellas que no son residentes en las BVI;
2. Sociedades limitadas locales y extranjeras constituidas/registradas bajo la Ley de Sociedades de 1996 o la Ley de Sociedades Limitadas de 2017, excluyendo aquellas que no son residentes en las BVI o que no tienen personalidad jurídica; pero no incluye:
3. Un fondo de inversión (dentro del significado de la legislación aplicable de BVI); o
4. Una compañía o sociedad limitada no residentes.

Una entidad es considerada como «no residente» si la compañía/sociedad es residente fiscal en un territorio fuera de BVI que no se encuentre en el Anexo 1 de la lista de la UE que contiene las jurisdicciones no cooperativas para fines fiscales.

Desde principios de 2019  se han presentado nuevos requisitos a las empresas de Belice. En este artículo, revisaremos la nueva normativa que necesitan conocer todos aquellos interesados en registrar una empresa en el país centroamericano.

El principal cambio es que, a partir de ahora, las corporaciones de negocios internacionales (IBC) de Belice podrán:

• poseer propiedades en el país;
• hacer negocios con los residentes locales;
• comerciar en territorio beliceño;
• comprar acciones de cualquier empresa del país;
• abrir y gestionar cuentas en moneda nacional en bancos locales.

Por otro lado, el nuevo requisito es tener presencia física en Belice. Este requisito se aplica a las IBC que posean licencias emitidas por la Comisión de Servicios Financieros Internacionales (IFSC); por ejemplo, licencias de servicios de inversión, de comercio de valores, etc.

Todas las IBC que consolidan una presencia física en Belice se convierten automáticamente en residentes fiscales del país. Independientemente de si la empresa tiene presencia física en Belice o no, puede solicitar el Certificate of Good Standing (sujeto al pago de la tasa de renovación anual), así como la asignación de un número de identificación fiscal (TIN).

La micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) generan en Panamá el 49% de las plazas de trabajo, según la información suministrada por la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) en 2018. En Centroamérica se estima que el 95% de las empresas son MIPYME, generando el 54% de los empleos de esta región y aportando el 34% del PIB regional.

A nivel global, según datos de las Naciones Unidas, las MIPYME representan el 90% del total de empresas, generando entre el 60% y 70% del empleo siendo responsables del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial.

De ahí, que en España un grupo de las 70 grandes empresas e instituciones españolas de sectores como la banca, energía y telecomunicaciones entre otros, constituyeran el consorcio Alastria, que es la primera red española regulada basada en el blockchain del mundo, cuyo objetivo es el desarrollo del ecosistema de esta tecnología en España.

Entendiendo la importancia de las MIPYME, Alastria permite que éstas sean socias pagando una anualidad de 500.00 euros, situación que le permite a las empresas de este sector tener acceso a la información de las grandes empresas e incluso a algunas de sus plataformas tecnológicas.

Recientemente fueron publicadas las cifras correspondientes al cuarto trimestre de 2018, las cuales indican que el Programa de Ciudadanía por Inversión de Granada (CIP) otorgó 851 pasaportes en dicho periodo, 21% más que el año anterior, y recaudó 147 M EC$ en ingresos (54 M USD), lo que representa una mejora del 25,8%.

En 2018, el programa recibió 313 solicitudes (un 6% más que en 2017), aprobó 244 (un 26% más) y rechazó 13 (12 menos respecto al año anterior, cuando se ubicó en 25).

Desde el relanzamiento del programa en 2014, un total de 2 080 individuos han obtenido la ciudadanía granadina a través de su participación en el CIP. Durante el mismo período, fueron 875 los aspirantes principales que presentaron sus solicitudes ante el CIU de Granada, de las cuales se aprobaron 615 y se rechazaron 57 (una tasa global de rechazo del 8,4%), cifras que indican que aún quedan pendientes 203 solicitudes por ser adjudicadas.

En los próximos tres años, Montenegro pondrá en marcha un programa que ofrecerá la ciudadanía a un máximo de 2.000 extranjeros a cambio de una inversión para contribuir a la aceleración de su desarrollo económico. Un pasaporte de Montenegro, país adriático con una población de 620.000 habitantes, que es miembro de la OTAN y aspira a entrar en la Unión Europea, permitirá a sus ciudadanos viajar sin visado a 117 países.

El ejecutivo de la UE ofrece orientación a los Estados de la UE sobre cómo operar los sistemas nacionales de venta de pasaportes y permisos de residencia a ciudadanos extranjeros adinerados y promulga medidas preventivas a fin de que los legisladores logren contrarrestar el riesgo del blanqueo de dinero.

El plan de Montenegro para atraer inversiones a cambio de la ciudadanía, pone al país a la par de otras 13 naciones europeas entre las que se incluyen Portugal, Malta y Letonia. Los términos del programa son que los candidatos potenciales deben donar 100.000 euros para el desarrollo de las comunidades pobres e invertir 250.000 euros en proyectos de desarrollo en el norte y centro de Montenegro o 450.000 euros en proyectos en la capital Podgorica o a lo largo de la costa.

En conversaciones tempranas este año con IMI (Investment Migration Insider, página web para la inversión migratoria), el Ministro de Asuntos Exteriores de Moldavia, Tudor Ulianovschi, indicó que el programa de ciudadanía por inversión recientemente abierto no interfiere con el objetivo de su país de unirse algún día a la UE, sino todo lo contrario, y que está contento de haber contado con socios del sector privado para ayudar a estructurar el programa.

«Esto ha sido, sin duda, un aspecto de sumo interés para ellos” respondió el Ministro Ulianovschi cuando el IMI preguntó a sus homólogos diplomáticos europeos cómo habían reaccionado ante la noticia de la apertura de un Programa de Ciudadanía por Inversión (CIP por sus siglas en inglés) por parte de su país.

«También es una cuestión de obligación, por nuestra parte, comunicarnos bien y proporcionar los detalles sobre el programa, asegurándonos de que nuestros socios de la UE sepan que estamos adoptando un enfoque responsable. No he notado ningún nivel de preocupación, pero sí de creciente interés».

El gobierno de Granada acaba de publicar una amplia serie de enmiendas a su Ley de Ciudadanía por Inversión de 2013. 

Ningún programa de ciudadanía por inversión ha experimentado una transformación más completa en los últimos seis meses que el de Granada:

• En septiembre del año pasado, el programa contrató a un nuevo director para la Ciudadanía por Inversión (CIU por sus siglas en inglés) – Thomas Anthony.
• En marzo, introdujo cambios de gran importancia en la definición de «dependiente» y anunció que los bienes inmuebles del Programa de Ciudadanía por Inversión (CIP por sus siglas en inglés) estarían disponibles en un mercado secundario.
• También en marzo se abrió la posibilidad de co-invertir en bienes raíces, reduciendo efectivamente la inversión mínima de US$350.000 a US$220.000, pero también impuso estrictos requisitos a los desarrolladores que deseaban comercializar sus proyectos bajo la nueva opción de precio.
• El jefe de CIU, Thomas Anthony, ha anunciado estrictos requisitos de documentación para las transacciones de bienes raíces con el fin de evitar el descuento ilegal experimentado entre programas similares en la región.

La Ley de Sustancia Económica de Bermudas y el Reglamento de Sustancia Económica, ambos del 2018, entraron en vigencia el 31 de diciembre de ese mismo año. Inmediatamente, se comenzó a aplicar este marco legal a las nuevas entidades constituidas y/o registradas a partir de la mencionada fecha. Para las ya existentes, habrá un período de transición de seis meses y el primer informe se presentará en 2020.

En el marco de la Ley de Sustancia de Bermuda, las “entidades registradas” de dicha jurisdicción son:

1. Compañías constituidas en virtud de la Ley de Empresas de 1981;
2. Compañías conformadas bajo la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 2016; y
3. Sociedades (exentas, simples exentas o en el extranjero) que hayan optado por tener personalidad jurídica por separado, en virtud del artículo 4A de la Ley de Sociedades de 1902.

Actualmente, para las entidades que son residentes fiscales fuera de las Bermudas, no existe exención alguna de los requisitos de sustancia que aplica dicha jurisdicción.

Entidades que están sujetas a los requisitos de sustancia económica en Bermudas

Una entidad registrada en Bermudas estará sujeta a la Ley de Sustancia de Bermudas si realiza cualquiera de las siguientes «actividades relevantes»:

• Banca
• Seguros
• Gestión de fondos
• Financiamiento
• Arrendamiento
• Sede principal
• Envíos
• Centro de distribución y servicio
• Propiedad intelectual
• Sociedad tenedora de acciones

Cada una de las actividades anteriores está definida en el Reglamento de Sustancia de Bermudas. Se prevé que las directrices correspondientes serán emitidas por el Gobierno de las Bermudas a su debido tiempo, lo cual debería brindar mayor claridad sobre las actividades mencionadas.

Como parte de una discusión en Davos durante el Foro Económico Mundial de este enero, centrada en el concepto de Equidad Soberana, los panelistas compartieron su visión del papel de la migración de inversión en la reducción de los niveles de deuda global y en la reducción de la brecha entre los lugares que tienen talento y los lugares que lo necesitan.

Lo mejor está por llegar

«La industria de la migración de inversiones, dependiendo de cómo se mida, supera con creces los 20.000 millones de dólares al año, y ahora tenemos más de 100 países en todo el mundo que tienen una legislación vigente para los programas de migración por inversión», un número que representa a más de la mitad de los países del mundo, añade Kälin.

«De éstos, alrededor de 50-60 tienen lo que llamaríamos programas activos […] y vemos que esto se incrementa cada año sobre una base casi mensual, por lo que prevemos que ahora más y más países asuman este concepto. No estamos en medio de la tendencia; de hecho, estamos sólo al comienzo de una enorme tendencia mundial en la que los estados soberanos realmente adoptan este concepto de capital soberano».

Los proyectos inmobiliarios del CPI no necesariamente implican construcciones al estilo playero; para el próximo programa de ciudadanía de Montenegro, la ubicación probable de su primer proyecto aprobado es en una tranquila ciudad de montaña.

Vijesti informa que, durante una conferencia de inversión en Budva esta semana, Damir Davidovic, el Secretario de Estado del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Turismo, reveló que dicha institución ya había registrado un proyecto de hotel destinado para la inversión por parte de los ciudadanos económicos en el municipio norteño de Kolašin. Davidovic comentó que estaba «particularmente entusiasmado» con el proyecto, el cual constituiría parte de un desarrollo integral a gran escala de estaciones de esquí (Kolašin 1600), que además incluirá varios hoteles.

Entre los objetivos establecidos por el gobierno en relación al programa de ciudadanía por inversión se encuentra la promoción económica de la región norte menos desarrollada de Montenegro. Con este fin, el ministerio ha diseñado el programa con la inclusión de incentivos, los cuales se espera que motiven a los inversionistas por ciudadanía y a las inmobiliarias a otorgar prioridad a la zona norte e interior del país sobre la capital y las regiones costeras al estilo riviera, ya que ambas son de por sí perspectivas atractivas de inversión, pero cuyos requisitos para invertir son considerablemente más altos, tanto para los desarrolladores como para los potenciales ciudadanos por inversión.